Media Guerrilla: Sobre la impugnación de López Obrador a la elección presidencial en México

El escenario era predecible. La noche del 1 de julio, después de que el consejero presidente del Instituto Federal Electoral diera a Enrique Peña Nieto como virtual presidente de México (basado en el conteo rápido del IFE, una encuesta basada en una muestra de 7500 actas), los reflectores giraron hacia Andrés Manuel López Obrador, su principal oponente. Justo cuando el mensaje del IFE terminó, el candidato de la izquierda anunció que esperaría a que se terminara el cómputo de los votos, sin reconocer la aparente victoria de Peña Nieto. Al día siguiente, anunció públicamente que buscaría la impugnación de los comicios, debido a un número cuantioso de irregularidades en el proceso.

Pero, ¿qué significa esto exactamente? Tal como he intentado a lo largo de estos meses de seguimiento, daré el contexto para los lectores dentro y fuera de México, así como sus consecuencias públicas. Si es usted un lector interesado en los acontecimientos actuales, le insto a que prosiga su lectura. Si, al contrario, prefiere otros contenidos que discutimos en ALT1040, le invito a detenerse en esta linea y darse una vuelta por el archivo de entradas del blog, donde estoy seguro que hallará algo que le interese.

Los antecedentes

Hace seis años, López Obrador se enfrentó a Felipe Calderón por la Presidencia de México. La noche del 2 de julio, día de las elecciones, el IFE determinó que la diferencia era tan pequeña que era imposible determinar al ganador. Así, al 6 de julio, día en que terminaron el cómputo de las actas, el instituto electoral señaló a Calderón como ganador por un pírrico margen de medio punto porcentual. Andrés Manuel rechazó el resultado, solicitando el recuento total de las actas. De ahí nacería el popular lema de “voto por voto, casilla por casilla”.

El Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación determinó cotejar nuevamente sólo un pequeño porcentaje (9%) de las actas, mientras que López Obrador exigía la revisión completa de los paquetes electorales. Después del recuento del TEPJF, se anularon apenas 20 mil votos. De este modo, el margen de triunfo de Calderón prevaleció (de 250 mil a 230 mil) y fue nombrado Presidente, lo cual enconó a Andrés Manuel y a un gran número de sus seguidores, quienes opinaban que la escasa diferencia entre ambos candidatos justificaba volver a contar todos los paquetes.

Cuando el TEPJF dio su fallo en septiembre, López Obrador convocó a un plantón en Reforma, una de las calles más importantes de la Ciudad de México. Dicha manifestación afectó a una buena parte de los habitantes de la ciudad (sobre todo, en términos de tránsito) y fue consentida por el gobierno local. El campamento duró tres meses, y aunque se comportó de manera mayormente pacífica, se convertiría en un estigma para López Obrador sobre sus métodos para lidiar con la derrota. Aún peor fue el resultado de uno de sus discursos, en el que desconoció a las instituciones (“Por eso, aunque no les guste a mis adversarios, ¡al diablo con sus instituciones!”)

El movimiento terminó por crear una especie de gobierno alterno simbólico, en el que los seguidores de López Obrador lo ungieron como presidente simbólico el 16 de septiembre (día que se conmemora la Independencia de México). A partir de ahí, se crearía una fisura entre los votantes y sus seguidores. Muchos simpatizantes le retiraron su apoyo, por lo que López Obrador continuó su carrera política bajo el apelativo de Presidente Legítimo. Con el paso de los años (y sobre todo, a la llegada de las campañas de 2012), López Obrador buscó cambiar la percepción negativa por su protesta y mostró una imagen más serena, con un proyecto de país que denominó “República Amorosa”.

La impugnación

La tarde del 2 de julio de 2012, López Obrador anunció que buscaría la impugnación de la elección presidencial. El candidato acusó que existen más de tres mil incidentes documentados, especialmente en compra de votos en el Estado de México (entidad en la que Peña Nieto fue gobernador entre 2005 y 2011). Además, señaló que se rebasó el tope de campaña para favorecer a su contrincante, con la complicidad de los medios masivos de comunicación. El conteo rápido mostró una diferencia aproximada de seis puntos entre Peña Nieto y López Obrador, equivalente a 3.2 millones de votos. Según el candidato de izquierda, la compra de votos superó´el millón de votos, lo cual habría alterado de forma significativa los resultados. Otra irregularidad denunciada fueron los errores de cómputo del Programa de Resultados Preliminares, donde habría omisiones y cambios en la captura hecho adrede para favorecer al PRI.

¿Cuál es la diferencia que hay entre lo hecho en 2006 y esta nueva petición? En parte, que la reforma electoral de 2007 -consecuencia de los sucesos de los comicios anteriores- permite este derecho a los contendientes. De acuerdo a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral:

Artículo 49: Durante el proceso electoral federal y exclusivamente en la etapa de resultados y de declaraciones de validez, el juicio de inconformidad procederá para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales federales que violen normas constitucionales o legales relativas a las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados, en los términos señalados por el presente ordenamiento.

Artículo 50: Son actos impugnables a través del juicio de inconformidad, en los términos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la presente ley, los siguientes:

a) En la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos :

I. Los resultados consignados en las actas de cómputo distrital respectivas, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por error aritmético; y

II. Por nulidad de toda la elección.

Además, el artículo 75 de dicha ley prevé los escenarios que justificaría la nulidad del proceso:

Artículo 75

La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

a) Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente;

b) Entregar, sin causa justificada, el paquete que contenga los expedientes electorales al Consejo Distrital, fuera de los plazos que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señale;

c) Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Consejo respectivo;

d) Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección;

e) Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;

f) Haber mediado dolo o error en la computación de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación;

g) Permitir a ciudadanos sufragar sin Credencial para Votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación, salvo los casos de excepción señalados en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el artículo 85 de esta ley;

h) Haber impedido el acceso de los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado, sin causa justificada;

i) Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación;

j) Impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación, y

k) Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

El escenario

Entonces, ¿qué ocurre? Como pasó en 2006, López Obrador ha pedido que se haga un recuento total de las casillas reportadas con irregularidades. Según él, existe suficientes elementos para demostrar que existió inequidad en el proceso para favorecer a Enrique Peña Nieto. El IFE ya ha aceptado que revisará voto por voto la tercera parte de los sufragios (una situación que ya ocurrió en 2009, durante las elecciones legislativas federales). El proceso forma parte de los protocolos del organismo, ya que en caso de existir errores en las actas -situación que ha sido señalada por López Obrador- o de una diferencia menor a un punto porcentual entre ganador y segundo lugar, se debe someter a revisión. Es decir, hasta 50 mil paquetes electorales serán abiertos en esta ocasión, en contraste con los 11 mil de la elección en 2006.

Aún así, la coalición de izquierda ha insistido en que posee pruebas suficientes para promover que la totalidad de los paquetes sea contada nuevamente. Andrés Manuel ha sido más mesurado y ha anunciado que respetará los tiempos del IFE. De este modo, primero esperará a que se haga oficial el resultado a favor de Peña Nieto para iniciar el proceso de impugnación. Habrá que ver si el Tribunal Electoral decide aceptar este recurso, pues el presidente de ese organismo ha mencionado que no procederá la petición de López Obrador.

Aún si el candidato no consigue revertir el resultado, la impugnación representa un mecanismo legal válido para transparentar un ejercicio plagado de irregularidades y omisiones. Andrés Manuel no se ha pronunciado directamente sobre un fraude electoral, y jugando con las reglas del sistema, llevará la revisión del proceso hasta la última instancia institucional correspondiente. Ahora el desafío está sobre el Tribunal y el IFE, quienes tendrán la responsabilidad de encausar esta petición en medio de un clima de incertidumbre y desconfianza en su trabajo.