Sebastián viene aquí cada tarde al salir de su colegio del Vall d'Hebron, un barrio en la colina norte de Barcelona.
Foto: AFPPor la crisis, muchos padres optan por alimentar a sus hijos en centros comunitarios.
Sebastián, de 10 años, y Gabriela, un año mayor, se sientan pacientemente a la mesa a la espera de la merienda que les van a servir y que, tal vez, también sea su cena, en un centro que atiende en Barcelona a decenas de niños empobrecidos por la crisis.
Desde hace un año, Sebastián viene aquí cada tarde al salir de su colegio del Vall d'Hebron, un barrio en la colina norte de Barcelona.
Sus padres, un panadero desempleado y una asistenta, que tienen tres hijos más, apenas logran llegar a fin de mes, al igual que les ocurre a un número creciente de familias en España.
"Prefiero aquí porque te lo dan gratuito. En la escuela pública hay que pagar las excursiones y todo, y yo no puedo", dice el pequeño ‘Sebas’, de pelo corto y aspecto amable.
"Lo que prefiero es la relajación, los masajes", dice el jovencito, cuyos ojos negros se iluminan de repente.
"Lo que me gusta es cocinar. He hecho huevos con una salsita que mis padres no conocían. Estaban muy orgullosos de mí", afirma, por su parte, su pequeña amiga Gabriela. Y es que para estas familias, la comida se ha convertido en una preocupación primordial.
A su lado, el director del centro y una sicóloga escuchan. No es el lugar, muy parecido a una escuela con sus muros grises en medio de grandes edificios lo que atrae a Sebastián y a los otros, sino el trato y las actividades del centro, uno de los 200 dependientes de la Fedaia, una ONG muy activa en la ayuda a la infancia en Cataluña.
"Antes, la merienda era un objetivo más educativo, en materia de higiene y de socialización, pero ahora es un objetivo prioritario para las familias", explicó el director, Raúl Lerones, antes de añadir que "todos meriendan y los niños quieren repetir y también preparamos lotes de comida para la familia".
"Lo que ha sucedido con la crisis es que había familias que ya estaban en situaciones delicadas, pero podían afrontar sus pagos y que hoy están en situación precaria", dice Sonia Martínez, directora de Fedaia.
Sebastián, con sus dos hermanos y una hermana de 3 años y medio es uno de estos niños empobrecidos. "Mamá gana 800 euros al mes y pagan como 500 para el alquiler. Mis padres no tiene casi nada de dinero", relata. En Cataluña, en el noreste de España, la crisis económica ha despertado el sentimiento independentista y precipitado la celebración el domingo de elecciones.
Este mismo centro del Vall d'Hebron es un ejemplo, como tantos otros de los recortes presupuestarios, ya que ha perdido este año un 20 por ciento de las subvenciones regionales.
Y frente a la pobreza creciente en este país donde un cuarto de la población activa está desempleada, la Fedaia, al igual que otras organizaciones, ha dado la alarma. "El incremento de la pobreza en general está siendo una de las consecuencias más visibles de la crisis" y su repercusión sobre los niños "está siendo especialmente preocupante", escribió Unicef en un informe que estima que en España hay cerca de 2,2 millones de niños pobres.
España se sitúa entre los peores países de la Unión Europea en términos de pobreza infantil, justo por detrás de Rumania y Bulgaria, según Eurostat.
El drama es particularmente agudo en Cataluña, una región que invierte menos que el resto del país en la ayuda a la infancia: el número de niños que viven bajo el umbral de la pobreza pasó del 17,6 por ciento en 2008 al 28 por ciento en 2011, y del 24,1 por ciento al 26,5 por ciento para el conjunto de España.
Los niños pagan muy caro las consecuencias sicológicas de la pobreza, que genera estrés y tensiones familiares, destaca Sonia Martínez, antes de asegurar que peor que eso es el hecho de que algunos "tienen problemas neurológicos porque no tienen una comida equilibrada. Las neuronas no se desarrollan normalmente y sufren daños".
El salvavidas es la solidaridad familiar, la importancia de los abuelos. "Si no hubiera esta red, esta matriz sería mucho más violenta", dice Lerones.
También hay solidaridad entre vecinos, de manera que por la noche son los padres de Gabriela los que llevan a Sebastián a su casa en carro, porque sus padres no pueden pagar la gasolina. De hecho, "vamos a vender el coche porque tenemos que pagar la luz, el agua, todo eso", dice el pequeño bajando los ojos.
AFP
sábado, 24 de noviembre de 2012
Niños españoles ya conocen la pobreza y el hambre
Huelga de hambre de trabajadores de Telefónica
Tuve la suerte de conocer a Marcos Andrés participando en un documental sobre el 15M: “El despertar de les places: un any de 15M”. En el documental se hacía un paralelismo entre ese despertar de las plazas que inundó las ciudades de protestas contra la crisis y la falta de democracia y la lucha por la readmisión de Marcos. En octubre de 2011 la juez del juzgado social sentenciaba despido nulo pues veía probada que hubo represión sindical y Telefónica tenía que readmitir a quién también era un incómodo sindicalista. Al final del documental se veía un alegre Marcos volviendo a su puesto de trabajo siendo recibido por sus compañeros. La batalla de David contra Goliat se decantaba a favor del trabajador después de diversas concentraciones, manifestaciones y flashmobs con el lema “Sí soy rentable” como respuesta a la carta donde se decía que se le despedía porque “no era rentable”. Pero el calvario no acabó ahí. La empresa no se daría por satisfecha y presentaría un recurso.
El recurso de la dirección de Telefónica es rechazado por el Tribunal S uperior de Justicia pero este cambia la sentencia de despido nulo por despido improcedente dando así la razón a la empresa en que no se trataba de represión sindical. Telefónica podía decidir entre la readmisión o el pago de la indemnización de 45 días por año trabajado. Y optó por esta última. El comité de empresa y todos los sindicatos pidieron al director general en Catalunya, Kim Faura, la readmisión de Marcos pero este se negó a recibirlos. Marcos Andrés decidió abandonar la agotadora y costosa vía judicial de presentar recursos y optó, junto con el resto de compañeros de los sindicatos CoBas y EC, por continuar la lucha.
A todo esto, Telefónica obtuvo el tercer trimestre de 2012 un beneficio neto de 3.455 millones de euros, lo que representa una subida del 26% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y ha proseguido exitosamente su política expansiva por Latinoamérica y Europa. ¿Por qué una empresa, con una plantilla de más de 25.000 trabajadores en España se enroca obtusamente en el caso de Marcos Andrés? Cabe contextualizar el despido de Marcos, y el de Mari Cruz, otra trabajadora de Telefónica, de Madrid, despedida por los mismos motivos. Telefónica, a pesar de los cuantiosos beneficios, como otras muchas empresas, pretende aprovechar la actual coyuntura de crisis para presentar un ERE con el que despedir a 6.500 empleados.
Parece inexplicable que una empresa que genera tantos beneficios quiera despedir a más de 6.000 personas en medio de un escenario de paro dramático que ya supera los cinco millones de personas y alcanza una tasa del 25% en España. El objetivo de la empresa es deshacerse de puestos de trabajo con cierta antigüedad, derechos y condiciones laborales decentes conseguidas tras la lucha sindical de anteriores generaciones, para después precarizarlos a través de las subcontrataciones. Para ello, la estrategia elaborada por la dirección de Telefónica debía empezar por atemorizar a la plantilla con casos como el de Marcos y Mari para aplacar los conatos de protesta que pudieran surgir y forzar a los sindicatos y comités de empresa a aceptar lo inaceptable y acabar firmando un ERE, despidiendo a miles de trabajadores mientras la compañía sigue siendo rentable. Al poco tiempo, y gracias a las múltiples estrategias empresariales que tienen a su alcance y las numerosas subcontratas en las que se ha ido atomizando el grupo en los últimos años, podrían sustituir puestos de trabajo dignos por precariedad laboral. Al mismo tiempo servirse de ello para deshacerse de elementos combativos.
La memoria obrera reciente de la empresa Telefónica recuerda la cantidad de trabajadores que renunciaron a prejubilaciones doradas con las que la empresa pretendía comprar su silencio, sindicalistas incorruptibles que no darían su brazo a torcer ante una injusticia, como los compañeros que hoy siguen en huelga de hambre. Y así lo recogía Laurentino en su parlamento durante el acto por la huelga general del pasado 14 de noviembre: “No os estamos entregado a los jóvenes lo que merecéis, mi puesto de trabajo no lo conquisté yo, me lo dieron mis anteriores, y yo tengo el deber de entregároslo en las mejores condiciones”. O Alberto, otro de los huelguistas de hambre, en una entrevista para El Periódico se preguntaba “¿Qué legado dejaremos a nuestros hijos? ¿El iPhone 5?” sacando a relucir la necesidad de recuperar valores como la solidaridad i la desobediencia frente a las injusticias.
Desde el 5 de noviembre, cuando los cinco trabajadores de Telefónica, entre ellos Marcos, iniciaron una huelga de hambre por su readmisión y contra la reforma laboral, las muestras de solidaridad y apoyo no han dejado de llegar por doquier. El 11 de noviembre se celebraba una jornada de apoyo con la programación de conciertos, actividades infantiles, comida popular, charlas y debates en un Ateneu de Nou Barris (Barcelona) que se quedó pequeño para acoger a las aproximadamente mil personas que se acercaron solidarizándose con la lucha. La charla central, un auténtico programa de lujo, contó con la participación de Ada Colau, una de las caras visibles de la imprescindible Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Teresa Forcadas, la mediática monja benedictina conocida por sus críticas a la industria farmacéutica, y Elena Idoate, economista del seminario de economía crítica Taifa, tres mujeres incontestables que contaron con una audiencia de lleno hasta la bandera.
A partir de ese día las acciones se han repetido y seria quilométrico intentar recogerlas exhaustivamente. Concentraciones, flashmobs y actos de apoyo en diversos lugares de la ciudad, innumerables visitas de representantes sindicales como Diego Cañamero del SAT, conocido por las recientes acciones expropiando supermercados en Andalucía junto a Sánchez Gordillo para denunciar la pauperización de las clases populares u otros como CGT o IAC, representantes políticos de diversos partidos de la izquierda como ERC, IU, ICV, EUiA y la CUP, candidatos a las elecciones autonómicas catalanas como Joan Herrera o David Fernández, personalidades como el futbolista Oleguer Presas, diputados del congreso como Sabino Cuadra, cantantes y figuras notables del mundo de la cultura como Lluís Llach, personas relevantes de los movimientos sociales como los economistas Arcadi Oliveras o Miren Etxezarreta y entidades de todo el territorio. Incluso el líder del partido griego Syriza, Alexis Tsipras, los ha visitado en su paso por Barcelona. En las redes sociales se ha comprobado también la solidaridad anónima de miles de personas. El sábado 10 de noviembre la etiqueta #MovistarNosFunde fue trending topic europeo y el martes 20 de noviembre #MovistarNosMata lo fue a nivel estatal.
Esta ola de solidaridad, que parte de la comprensión de la injusticia que supone privar a un trabajador de su sustento por el simple hecho de haber estado enfermo o por su compromiso sindical, todas las personas que apoyan la lucha de los huelguistas de hambre de Telefónica porque entienden que la única vía contra las injusticias es el uso de la legítima desobediencia civil, este tsunami de solidaridad incuestionable ha permitido romper el silencio mediático de los primeros días. Telefónica destina cerca de 130 millones de euros a publicidad. Después de una breve nota de El Periódico digital anunciando el inicio de la acción costó encontrar noticias sobre el tema hasta bien avanzada la huelga de hambre. Pero después de la huelga general del 14 de noviembre han aparecido en la mayoría de los medios de comunicación de masas relevantes. Han cubierto la huelga de hambre desde televisiones públicas como TV3 hasta periódicos como El País o El Periódico, en algún caso dedicando diversas noticias, columnas de opinión y entrevistas para poder informar a la opinión pública de un suceso ciertamente excepcional y dramático como este.
Todo ello reduce a una insignificante mota de polvo el artículo de Miguel Ángel Uriondo, crítico con la campaña iniciada en Twitter contra Movistar como denuncia de la huelga de hambre, titulado “Movistar y el chantaje social”. Ciertamente la crítica de Uriondo no merece demasiado comentario después de los miles de gestos de solidaridad aquí expuestos. Al fin y al cabo, si esas etiquetas contra Movistar han sido trending topic es porque miles de personas libremente han dado apoyo a la iniciativa. Como tampoco merece pérdida de tiempo alguna la insinuación que hace sobre el uso de la huelga de hambre para una posible campaña de promoción de un disco musical que Marcos Andrés está realizando, comentario que me parece de una bajeza moral indescriptible. Como si los trabajadores nos viésemos reducidos a la única labor de producir beneficios para el capital como medio para vivir y encima no pudiésemos disfrutar de pasiones alejadas del mundo laboral. No lo quiero atribuir a la mala fe sino a la desinformación o a la consulta de una versión parcial e interesada. En este caso serán criterios periodísticos los que determinarían la buena o mala praxis de Uriondo.
En cambio no puedo dejar pasar la oportunidad que su artículo nos brinda para reflexionar sobre la huelga de hambre y la lucha laboral. Dos de las tesis de dicho artículo son que la actuación de la empresa es legal y que la indemnización de 120.000€ es más que suficiente para cubrir, en caso que se haya producido, la injusticia.
Si se tuviera que resumir en una palabra lo que representa esta lucha esa palabra seria “dignidad”. Y la dignidad no tiene precio por mucho que nos empeñemos en ver el mundo a través del prisma neoclásico del homo económicus y de su individualismo metodológico. Ni 120.000, ni medio millón ni 100 millones de euros pueden comprar el despido de Marcos Andrés. Pensar que todas nuestras acciones se emprender para recibir a cambio una recompensa monetaria o material es la base de la escala de valores que nos impone la ideología dominante. Por eso aparecen sorprendidos economistas ortodoxos cuando su ecuación no cuadra. Pensar que Marcos y el resto ponen en riesgo su salud para obtener más o menos euros podría calificarse de insulto. Aquí se está hablando de la dignidad y de la solidaridad, de tener un proyecto social transformador que empieza a construirse con la práctica cotidiana como puede ser la lucha en nuestros puestos de trabajo. De lo que se trata es de defender unos derechos conseguidos tras muchos años de resistencia y lucha y tras los que han perecido miles y miles de trabajadores que se levantaron frente a la injusticia.
La hi storia está plagada de resistencias y luchas contra el orden “legal” establecido, por no decir que es el motor de su avance, parafraseando la célebre frase de Marx: “La historia es la historia de la lucha de clases”. Desde Espartaco hasta la PAH, pasando por la historia de los alzamientos populares de raíz campesina contra la figura del señor feudal, la historia del movimiento obrero, desde el ludismo y el utopismo hasta la internacional comunista, la lucha por el sufragio universal, por el derecho a voto de las mujeres, por las luchas antiimperialistas del tercer mundo y sus revoluciones de independencia, la lucha por los derechos civiles de las minorías étnicas o homosexuales, etc. Es imposible nombrar aquí los personajes más relevantes desde el capitán Swing, hasta Rosa Parks, pasando por el Che, Gandhi, Mandela, Khaled, etc. Todas esas luchas, entre ellas a veces inconexas, tienen en común que se produjeron como respuesta a un orden establecido que podía ser legal a ojos y prácticas de las clases dominantes pero que no era aceptable desde un punto de vista ético ni legitimado por el pueblo. Todos esos capítulos han sido juzgados por la historia. Y si no se hubiese producido ninguna de esas luchas aún estaríamos bajo el esclavismo. Frente a una injusticia, oponerse a ella no es solo legítimo sino que es una obligación moral. Y ciertamente lo que está sucediendo en Telefónica es injusto.
Todo este alegato sobre la dignidad, la solidaridad y la responsabilidad ciudadana contra las injusticias puede parecer muy abstracto. Muchos tacharan de panfletario. Pero no estamos, ni mucho menos, tratando cuestiones teóricas. El 45% de trabajadores renuncia a la baja médica por temor a ser despedido, cuando antes de la crisis era del 11%, según informa Europa Press. Cualquier experto laboralista, al menos bajo estándares europeos, concluiría que este hecho no sólo es nefasto para la salud de los trabajadores sino que a medio plazo es negativo para la empresa porque reduciría lo que acostumbran a denominar productividad, aunque pocas veces la definan. Y este es solo un ejemplo actual a añadir a la primera consecuencia de la reforma laboral que ha sido contribuir al aumento del paro y a la reducción de los salarios, reduciendo el poder de adquisición de los consumidores y por consecuente los ingresos empresariales.
Mientras cierro este apunte me entero de la hospitalización de uno de los trabajadores en huelga de hambre en su día 17. Hace falta redirigir esta lucha para que Telefónica vea lo perjudicial que es seguir llevando a cabo prácticas inhumanas como el despido por bajas médicas, y el despido masivo que supondrá el ERE, a pesar de obtener cuantiosos beneficios y ser una empresa rentable. Hace falta buscar la identificación de esta lucha con los miles de usuarios de Movistar y preguntarles si están dispuestos a que su dinero sirva para perpetuar tamaña injusticia. La solidaridad nos da aliento pero a ellos solo les preocupa sus retribuciones.
Ivan Gordillo, economista y miembro del Seminari d’economia crítica Taifa.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Colombia: Capturan a nueve miembros del Partido Comunista
En un operativo simultaneo, la Sijín de la Policía capturó en Manizales, Pereira, Palmira y Cali a nueve militantes del partido Comunista y de la Marcha Patriótica señalados de pertenecer a la guerrilla.
Según los fiscales encargados de las investigaciones la mayoría de capturados son estudiantes universitarios, maestros y dirigentes sindicales, señalados de pertenecer a la guerrilla de las Farc.
Los detenidos fueron trasladados a la capital de Caldas, donde serán presentados ante un juez de garantías para legalizar su captura y posteriormente hacer la imputación de cargos y solicitar la medida de aseguramiento por su presunta participación en delitos relacionados con el terrorismo.
Los abogados defensores argumentaron que se están reviviendo procesos por los cuales ya fueron juzgados y en los que se demostró su inocencia.
75.000 trabajadores de la sanidad pública madrileña están llamados a una huelga de dos días
EFE
- Empleados sanitarios y no sanitarios de los hospitales y centros de salud dependientes de la Comunidad de Madrid están llamados a secundar los paros.
- A ellos se sumarán, desde las 8.00 horas del lunes, los médicos de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM).
- La huelga está convocada para los días 26 y 27 de noviembre y 4 y 5 de diciembre.
- Los servicios mínimos acordados por la Consejería de Sanidad y los sindicatos equivalen a los de un domingo o festivo.
La huelga de dos días de la sanidad pública madrileña comienza a las 22 horas de este domingo con unos 75.000 trabajadores convocados a los paros por los sindicatos Satse, CC OO, Amyts, CSIT-UP, UGT y USAE contra la reestructuración sanitaria planteada por el Gobierno de Madrid.
Empleados sanitarios y no sanitarios de los hospitales y centros de salud dependientes de la Comunidad de Madrid están llamados a secundar la huelga, convocada para los días 26 y 27 de noviembre y 4 y 5 de diciembre.
A ellos se sumarán, desde las 8.00 horas del lunes, los médicos de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), aunque en este caso se trata de una convocatoria de huelga indefinida, que se celebrará cada semana de lunes a jueves.
Los servicios mínimos acordados por la Consejería de Sanidad y los sindicatos, desde este sábado por la noche hasta las 22 horas del martes, equivalen a los de un domingo o festivo, y en los hospitales se mantendrá, además, el personal que tenga guardia programada para esos días, como ya ocurrió en la huelga general del pasado 14 de noviembre.
Se mantendrá el 100% de los servicios de transporte sanitario y se trabajará al completo en las unidades de diálisis, oncología, Urgencias, cuidados paliativos, SIDA o trasplante de órganos, entre otros servicios con pacientes afectados por patologías especialmente graves o de riesgo vital.
Piden la retirada del Plan de la Comunidad
El objetivo de la huelga es "exigir a la Consejería la retirada del 'Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid' contemplado en los Presupuestos regionales para 2013.Dicho plan incluye la externalización de la gestión sanitaria de seis hospitales y la no sanitaria de toda la red pública, así como de 27 centros de salud y la Unidad Central de Radiodiagnóstico; la reconversión del Carlos III, el cierre del Instituto de Cardiología, la centralización de laboratorios, la privatización de 26 categorías de personal no sanitario y el cobro de un euro por receta, entre otros.
La Consejería de Sanidad ha advertido de que la huelga podría afectar a las citas programadas de los pacientes y ha pedido a los ciudadanos que hagan un uso responsable de los servicios de urgencias.
Detrás de la huelga "nada es verdad"
El presidente de la Comunidad, Ignacio González, ha asegurado que "nada de lo que hay detrás de esa presunta huelga es verdad", y ha acusado a los sindicatos y a la oposición de "utilizar, una vez más, a los pacientes" para plantear reivindicaciones que nada tienen que ver "con el fondo" ni con "la garantía de atención a los ciudadanos".Por su parte, el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha defendido que "las medidas que toma el gobierno regional son precisamente para garantizar que sigamos teniendo una sanidad pública de alta calidad, universal, abierta a todos, a la que se entra con la tarjeta sanitaria y con ninguna otra".
Menos puestos de trabajo
Según los sindicatos, el plan acarreará la pérdida de 8.000 puestos de trabajo en la sanidad madrileña y, según el presidente de AMYTS, Julian Ezquerra, "no se libra de él ninguna categoría, sean sanitarios o no".Para el secretario general de Sanidad de CC OO de Madrid, Manuel Rodríguez, "es la primera vez en la historia que todos los sindicatos de la Mesa sectorial convocan de forma unitaria una huelga general de toda la sanidad madrileña".
CC OO asegura que hay "dos premisas claras para negociar con la Consejería de Sanidad: la retirada del plan de medidas presentado el pasado 31 de octubre y del artículo 13 de la ley de modificación de los presupuestos de 2012, que prevé la desaparición de 26 categorías de personal no sanitario".
Los trabajadores de una veintena de hospitales madrileños mantienen sendos encierros en protesta por las medidas del Gobierno, el primero de los cuales empezó en el Hospital de la Princesa el pasado día 2 en protesta por su reconversión en un geriátrico.
Tras sonoras protestas y la recogida de 368.000 firmas, la Consejería de Sanidad anunció esta semana un acuerdo con la Junta de Centro para convertir La Princesa en un hospital especializado en pacientes mayores, que será compatible con el mantenimiento de urgencias, consultas y especialidades.
El pasado domingo, varios miles de trabajadores y usuarios de la sanidad pública protagonizaron una "Marcha blanca" que, procedente de varios hospitales, recorrió el centro de Madrid bajo el lema "La sanidad pública no se vende, se defiende".
